En una jornada decisiva para la política de seguridad en el Cono Sur, el senado argentino aprobó este miércoles el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 13 años. La iniciativa, que representa una de las promesas de campaña centrales del presidente Javier Milei, obtuvo el respaldo necesario tras un intenso debate legislativo marcado por visiones opuestas sobre la prevención del delito y los derechos de la infancia.

¿Qué pasó en el Congreso?

El dictamen favorable del senado argentino contempla un nuevo régimen de justicia penal juvenil que sustituye a la normativa vigente desde la última dictadura militar (1980). Bajo el nuevo esquema, los adolescentes a partir de los 13 años podrán ser procesados y condenados por delitos tipificados en el Código Penal, tales como homicidios, robos agravados y secuestros. La reforma establece que el cumplimiento de las penas deberá realizarse en centros especializados y no en prisiones para adultos, con un enfoque que teóricamente busca la reinserción.

¿Por qué importa esta medida?

La relevancia de este hecho trasciende las fronteras argentinas y resuena en países como México, donde el debate sobre la participación de menores en delitos de alto impacto, frecuentemente vinculados al crimen organizado, es una constante en la agenda pública. Para el gobierno de Milei, esta reforma es una herramienta necesaria para combatir la impunidad y frenar el uso de menores por parte de bandas delictivas. Sin embargo, organismos internacionales y defensores de derechos humanos advierten que bajar la edad penal contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y no ataca las causas raíz de la violencia, como la pobreza y la falta de acceso a la educación.

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

Tras la aprobación en la Cámara Alta, el proyecto de ley será turnado a la Cámara de Diputados para su revisión final. Si los diputados ratifican los cambios o aprueban la versión original, la ley será promulgada por el Poder Ejecutivo. El gobierno ya ha adelantado que trabajará en la infraestructura de los centros de detención juvenil para cumplir con los estándares de seguridad y acompañamiento psicológico que la nueva normativa exige. Se espera que la discusión en la cámara baja sea igualmente ríspida debido a la fragmentación de las fuerzas políticas.