El Senado de la República turna senado a comisiones la reforma constitucional para limitar las pensiones de exfuncionarios públicos a un máximo de 70,000 pesos mensuales. La Mesa Directiva, encabezada por Laura Itzel Castillo, remitió formalmente la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su dictaminación inmediata.

Esta iniciativa busca modificar el artículo 127 de la Constitución para eliminar las remuneraciones consideradas excesivas o abusivas que representan privilegios económicos en perjuicio de la hacienda pública. El límite establecido equivale exactamente al 50 por ciento del salario total asignado a quien ocupe la titularidad de la Presidencia de la República. Se pretende que ningún exservidor público reciba beneficios superiores a los de la actual administración federal.

Los miembros de las Fuerzas Armadas quedan exentos de esta restricción salarial según el texto enviado por el Poder Ejecutivo al recinto legislativo. Tampoco se verán afectados aquellos ciudadanos con ahorros basados en aportaciones voluntarias, sistemas de cuentas individuales, aportaciones sindicales o quienes reciben la pensión no contributiva para adultos mayores. La reforma aclara que los derechos adquiridos mediante ahorros complementarios no serán tocados por esta nueva disposición legal.

En México esta medida refuerza la política de austeridad institucional y busca generar ahorros significativos en el gasto corriente del gobierno federal. Para España y el resto de Latinoamérica, este movimiento legislativo es observado como un referente en la lucha contra la desigualdad salarial dentro de la burocracia estatal. La región sigue de cerca estos ajustes que intentan equilibrar las finanzas públicas mediante el recorte de beneficios a las élites políticas.

Las comisiones unidas deberán sesionar en los próximos días para analizar los alcances legales y preparar el dictamen que será sometido a votación ante el pleno. La aprobación de esta reforma requiere de una mayoría calificada por tratarse de una modificación directa a la Carta Magna del país. Hasta el momento no se han reportado impugnaciones legales, pero el sector de exfuncionarios afectados se mantiene a la expectativa del dictamen final.