En los últimos 7 anos registran un total de 485 casos de feminicidio en la Ciudad de México, de acuerdo con el Atlas de la Fiscalía General de Justicia. Esta cifra oficial revela que las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc concentran la mayor incidencia de este delito en la capital del país. El reporte arroja luz sobre la urgencia de políticas públicas efectivas en las zonas donde la violencia contra la mujer se ha enraizado durante casi una década de mediciones constantes.
Los datos segmentados por la autoridad ministerial indican que el grupo de edad más vulnerable corresponde a mujeres de entre 30 y 59 años, sector que suma 237 de las víctimas totales reportadas en este periodo. Mientras la administración capitalina asegura que existen avances en la estrategia de seguridad y atención a víctimas, las cifras crudas de la Fiscalía muestran una persistencia crítica de violencia de género en demarcaciones de alta densidad poblacional. Este fenómeno no es aislado y refleja patrones de agresión que se repiten en sectores específicos de la metrópoli.
Para el lector en México, este reporte no es solo estadística, sino una radiografía de la inseguridad en el corazón del país que impacta directamente la percepción de justicia y el tejido social. Esta crisis de violencia machista resuena con fuerza en toda Latinoamérica y España, regiones donde el seguimiento de feminicidios se ha convertido en una prioridad de las agendas públicas. La comparación de estas cifras con otras capitales hispanohablantes permite dimensionar la magnitud del reto que enfrentan las autoridades para garantizar la vida de las mujeres.
Actualmente queda pendiente de confirmar si las nuevas estrategias de patrullaje focalizado en Iztapalapa y la GAM han logrado reducir la tendencia en los meses más recientes de este año. La Fiscalía capitalina continúa actualizando el Atlas de Feminicidios, una herramienta que busca transparentar los puntos rojos de la ciudad, aunque colectivos de búsqueda y defensa de derechos humanos señalan que la cifra negra de casos no clasificados correctamente como feminicidio podría elevar considerablemente este conteo. La vigilancia sobre estos datos será clave para evaluar el desempeño de la próxima administración local.
