La Suprema Corte de Justicia de la Nación aclara hoy que su parque vehicular consta de 151 unidades y rechaza cualquier ocultamiento de información financiera. La corte precisa que el reporte detallado ya fue entregado de manera progresiva, explicando que los datos de 91 vehículos no incluyen valor de adquisición por tratarse de un contrato de arrendamiento vigente con un tercero y no de una compra directa por parte del Estado.
Según el reporte oficial emitido por el Alto Tribunal, la flota se divide en 132 vehículos utilitarios para traslado de personal y bienes, 11 unidades para mandos superiores, cuatro destinadas al apoyo de ministros sin blindaje especial y cuatro asignadas a la estrategia de seguridad institucional. Esta aclaración surge luego de que versiones periodísticas señalaran una supuesta reserva de información por motivos de seguridad, hecho que la autoridad judicial desmintió al asegurar que la integración de los datos estaba en proceso al momento de las primeras consultas ciudadanas. (Lee también: 5 razones por las que poemas poetas y música reviven hoy a Jaime Sabines.)
Este caso resulta crítico para México en un contexto de alta sensibilidad sobre el gasto público y la transparencia de los organismos autónomos. En Latinoamérica y España, el escrutinio sobre los privilegios de los altos tribunales ha crecido, convirtiendo la rendición de cuentas en un estándar obligatorio para evitar crisis de legitimidad institucional. El manejo de bienes públicos bajo esquemas de arrendamiento es una práctica común en la región, pero que suele generar dudas sobre el costo final para el erario frente a la compra directa de activos. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre el clima puerto Vallarta hoy 25 de marzo.) (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre el clima Mazamitla para este miércoles.)
Por ahora queda pendiente de confirmar el costo total de los contratos de arrendamiento mencionados, un dato que organizaciones civiles podrían solicitar para completar el panorama del gasto operativo de la SCJN. Mientras la autoridad afirma que la información es pública y está disponible en los anexos entregados esta semana, el debate sobre la austeridad en el Poder Judicial se mantiene activo en la agenda nacional, especialmente tras la reciente entrega del alcance informativo que completa la solicitud original de transparencia.
