La corte internacional de justicia autorizó formalmente una nueva ronda de alegatos escritos en el litigio que enfrenta a México y Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana en Quito. Mediante una orden oficial dada a conocer este miércoles, el tribunal con sede en La Haya resolvió que Ecuador tiene como fecha límite el 25 de agosto de 2026 para presentar una réplica a los argumentos mexicanos, mientras que el gobierno de México contará con un plazo que vence el 25 de febrero de 2027 para entregar su contrarréplica final. Esta decisión extiende significativamente los tiempos procesales de una de las crisis diplomáticas más graves en la historia reciente de la región.
El conflicto escaló el pasado 5 de abril de 2024 cuando el gobierno de Daniel Noboa ordenó la incursión de fuerzas especiales en la sede diplomática de México para capturar al exvicepresidente Jorge Glas. Mientras las autoridades ecuatorianas justifican la acción bajo el argumento de combatir la impunidad y la corrupción, el gobierno de México sostiene que se violó flagrantemente la inviolabilidad de las sedes diplomáticas protegida por el derecho internacional. Glas permanece actualmente recluido en una cárcel de máxima seguridad, tras haber solicitado asilo político a México alegando ser víctima de una persecución judicial desde el año 2017.
Para los ciudadanos en México, esta noticia confirma que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador no ocurrirá en el corto plazo, manteniendo suspendidos los servicios consulares directos y la cooperación bilateral. A nivel regional, el caso es observado con lupa por España y el resto de Latinoamérica, ya que el fallo final de la corte internacional sentará un precedente crítico sobre los límites del asilo político y la protección de embajadas, un pilar que ha mantenido la paz diplomática en el continente durante décadas.
Lo que sigue ahora es una larga fase de preparación documental donde ambos equipos jurídicos deberán robustecer sus pruebas. Por un lado, Ecuador busca demostrar que México abusó de sus facultades al conceder asilo a un sentenciado por delitos comunes; por el otro, la cancillería mexicana apuesta a que la corte internacional condene la entrada violenta a su territorio soberano. Hasta que no se agoten estas fechas en 2027, el caso Jorge Glas seguirá siendo un punto de fricción que impide la normalización de la agenda comercial y migratoria en el eje norte-sur de América Latina.
