El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio un golpe estratégico contra la estructura operativa del Cártel de Sinaloa al presentar una acusación formal ante el Distrito Sur de California contra René Arzate García, conocido bajo el alias de “La Rana”. Como parte de esta ofensiva judicial, el gobierno estadounidense anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto, cifra que se extiende igualmente a su hermano, Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”.
Según los expedientes judiciales presentados este jueves, “La Rana” es identificado como una figura clave y de alto rango dentro de la facción liderada por Ismael “El Mayo” Zambada. Los cargos que enfrenta en territorio norteamericano son de suma gravedad, abarcando delitos de narcoterrorismo, lavado de dinero, tráfico internacional de drogas y delincuencia organizada. Las autoridades de California señalan a los hermanos Arzate como los principales responsables de la logística del trasiego de narcóticos y la escalada de violencia en la zona fronteriza, particularmente en el estado de Baja California.
Un elemento crítico de esta acusación, que ha resonado en el panorama político mexicano, es el vínculo directo que la justicia estadounidense establece entre estos líderes criminales y la esfera legislativa actual. El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha señalado previamente a la actual diputada federal por el partido Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, como presunta colaboradora de la organización de los Arzate.
De acuerdo con los señalamientos de las agencias de inteligencia, durante su gestión como alcaldesa de Ensenada, Brown Figueredo presuntamente facilitó el cobro de extorsiones para la organización criminal y garantizó esquemas de protección institucional que permitieron la operación impune del grupo en la región. Estas revelaciones colocan bajo el escrutinio público la integridad de los nexos entre el poder político local y los grupos de la delincuencia organizada en el noroeste del país.
Esta formalización de cargos subraya el incremento en la presión del gobierno de los Estados Unidos sobre los operadores financieros y logísticos de la facción de “El Mayo”. Mientras las investigaciones continúan en desarrollo, el caso de los hermanos Arzate y su conexión con la legisladora federal representa uno de los desafíos más significativos para la relación bilateral en materia de seguridad y combate a la corrupción institucional.
