La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha anunciado oficialmente la convocatoria a elecciones generales anticipadas. Esta decisión, que moviliza a todo el arco político del país nórdico, surge en un momento de alta tensión legislativa y busca resolver la parálisis política que ha afectado al gobierno socialdemócrata en los últimos meses.

Desde las escalinatas de su residencia oficial, Frederiksen informó que los ciudadanos daneses acudirán a las urnas para renovar el Folketing (el Parlamento nacional). El anuncio no fue una sorpresa total, sino el desenlace de un ultimátum impuesto por el Partido Social Liberal, aliado clave del gobierno, que había amenazado con derrocar al Ejecutivo mediante una moción de censura si no se llamaba a elecciones de manera inmediata.

El trasfondo de esta crisis se remonta al polémico sacrificio masivo de visones durante la pandemia de COVID-19 en 2020. En aquel momento, el gobierno ordenó la eliminación de millones de ejemplares para frenar una mutación del virus, una medida que posteriormente se determinó que carecía de sustento legal suficiente. El informe de una comisión de investigación publicado este año criticó severamente el actuar de la administración, lo que erosionó la confianza entre los socios de la coalición.

Para el observador mexicano, este escenario ofrece un contraste interesante con el sistema presidencialista de México. Mientras que en nuestro país los periodos de gobierno son rígidos y están fijados por la Constitución, en los sistemas parlamentarios como el danés, la continuidad del gobierno depende del apoyo constante de la mayoría legislativa. La facultad de adelantar elecciones es una herramienta política utilizada para revalidar el mandato popular o para evitar una salida forzosa del poder.

Las próximas semanas serán cruciales para Dinamarca, ya que las encuestas muestran un panorama sumamente reñido entre el bloque de izquierda, liderado por Frederiksen, y la oposición de centro-derecha. Los temas que dominarán la agenda electoral incluyen la gestión de la crisis energética en Europa, la inflación galopante y el futuro del robusto Estado de bienestar danés. Con esta convocatoria, el país busca una salida institucional a una crisis de confianza que ha puesto a prueba una de las democracias más estables del mundo.