En un nuevo capítulo de la controversia que rodea el caso de Jeffrey Epstein, legisladores del Partido Demócrata han intensificado la presión sobre el presidente Donald Trump, exigiendo que testifique ante un comité del Congreso para esclarecer sus vínculos con el magnate acusado de explotación sexual. Esta demanda surge en un momento crítico, justo después de que el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton aceptaran cooperar y declarar sobre el tema.

El representante Robert García, demócrata por California y una de las voces líderes en esta iniciativa, fue contundente al señalar la necesidad de que el mandatario se presente ante el Comité de Supervisión. Según García, el nombre y la imagen de Trump aparecen con una frecuencia alarmante en los expedientes judiciales y fotografías relacionadas con Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell. «Exigimos que el presidente Trump comparezca oficialmente. Aparece en los archivos casi más que cualquier otra persona», afirmó el legislador previo al interrogatorio de Clinton en Chappaqua, Nueva York.

La ofensiva demócrata no se limita únicamente a la relación personal de Trump con Epstein. García también denunció irregularidades dentro de la actual administración, señalando la presunta desaparición de archivos clave del Departamento de Justicia (DOJ) y un posible encubrimiento desde la Casa Blanca. Los legisladores cuestionan por qué el gobierno federal continúa desestimando la investigación calificándola de «bulo» o noticia falsa, a pesar de la evidencia documental disponible.

Resulta paradójico que durante su campaña para un segundo mandato, el propio Donald Trump prometió desclasificar la totalidad de los archivos de Epstein como una muestra de transparencia. Sin embargo, tras la revelación de cientos de nombres en los documentos, el del republicano figuró de manera prominente. Aunque existen múltiples registros fotográficos y mensajes que vinculan a ambos personajes en eventos sociales durante décadas, Trump ha mantenido una postura de negación absoluta, rompiendo cualquier lazo público con el pederasta fallecido en 2019.

Este caso ha resonado con fuerza en la política internacional, afectando la percepción de las instituciones de justicia en Estados Unidos. Mientras la administración enfrenta estas acusaciones, el Departamento de Justicia mantiene abierta una investigación para determinar si se retuvieron deliberadamente documentos que mencionan al presidente. La presión social y política continúa en aumento, poniendo a la Casa Blanca en una posición defensiva ante lo que la oposición considera una deuda pendiente con la transparencia y la justicia para las víctimas.