La entidad de Baja California Sur se encuentra en estado de alerta tras el violento asesinato del exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto, un suceso que ha escalado en la opinión pública debido a los detalles que rodean el crimen. Las autoridades estatales confirmaron que el exfuncionario fue atacado mientras viajaba acompañado de su hija menor de edad. Aunque la pequeña resultó físicamente ilesa, el impacto del suceso ha provocado un rechazo generalizado por parte de la sociedad civil y los sectores económicos de la región.

El ataque directo contra quien fuera una pieza clave en las investigaciones de delitos graves en el estado pone de manifiesto la vulnerabilidad de los servidores y exservidores públicos dedicados a las tareas de seguridad. El hecho de que la agresión ocurriera frente a un menor de edad ha sido calificado por diversas organizaciones como un acto de extrema crueldad que no debe quedar impune en el sistema de justicia sudcaliforniano.

Ante este escenario, diversas cámaras empresariales de Baja California Sur han alzado la voz de manera conjunta. Los representantes del sector privado emitieron un enérgico llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se realice una investigación exhaustiva y transparente que permita dar con los responsables. Los líderes gremiales enfatizaron que el esclarecimiento de estos hechos es vital para mantener la confianza en las instituciones y garantizar la paz social en la entidad.

Asimismo, el sector empresarial hizo un especial hincapié en la necesidad de evitar la 'normalización de la violencia'. En un comunicado, advirtieron que la sociedad no debe acostumbrarse a este tipo de ejecuciones ni a la impunidad. 'La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro estado y para la tranquilidad de nuestras familias; no podemos permitir que la criminalidad dicte el ritmo de nuestra vida cotidiana', señalaron portavoces de los organismos económicos.

El suceso también ha reabierto el debate sobre los protocolos de protección para funcionarios y exfuncionarios que han desempeñado cargos de alto riesgo en el combate al crimen organizado. Mientras las investigaciones continúan, la ciudadanía y los sectores productivos permanecen atentos a las acciones de las autoridades, esperando que este caso no se convierta en una cifra más dentro de la incidencia delictiva del país.