La planeación a largo plazo de la Ciudad de México enfrenta un nuevo obstáculo que podría derivar en una parálisis legislativa. Diputados del Congreso de la Ciudad de México han manifestado su preocupación ante la alta probabilidad de que el Plan General de Desarrollo (PGD) no sea votado ni aprobado durante el presente periodo de sesiones, debido a los constantes retrasos en el proceso de consulta ciudadana.

El foco de la alerta radica en el reciente aplazamiento de la consulta pública, la cual ha sido reprogramada para el próximo 10 de abril. Según los legisladores, este ajuste en el calendario deja un margen de maniobra sumamente estrecho para que las comisiones dictaminadoras analicen las propuestas, integren las demandas sociales y presenten un proyecto final ante el pleno antes de que concluyan los trabajos legislativos actuales.

El Plan General de Desarrollo es un instrumento fundamental para la capital del país, ya que establece las directrices en materia de urbanismo, servicios públicos, medio ambiente y movilidad para los próximos 20 años. Sin su aprobación, la Ciudad de México corre el riesgo de mantener una incertidumbre jurídica en el uso de suelo y en la gestión de recursos estratégicos, afectando tanto a la inversión privada como al desarrollo social de las colonias y barrios originarios.

Fuentes del recinto legislativo señalan que el ambiente político actual, sumado a la complejidad técnica del documento, dificulta que se logre un consenso acelerado. Los diputados locales advierten que forzar una votación sin el análisis adecuado tras la consulta del 10 de abril no solo sería irresponsable, sino que podría derivar en impugnaciones legales que invaliden el proceso posteriormente.

Ante este escenario, la discusión sobre el futuro urbano de la metrópoli queda en el aire. Las bancadas de oposición y algunos sectores del oficialismo coinciden en que la prioridad debe ser garantizar la participación ciudadana, aunque esto signifique que el PGD deba esperar a un periodo extraordinario o a la siguiente legislatura, prolongando así el vacío normativo que ha caracterizado la planeación urbana en los últimos años.