En una sesión histórica, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, actuando en su carácter de Constituyente Permanente, aprobó por unanimidad la minuta de reforma constitucional que reduce la jornada laboral en el país de 48 a 40 horas semanales. Con un respaldo total de 59 votos a favor y ninguna oposición, los legisladores capitalinos dieron luz verde a esta modificación de gran calado para la clase trabajadora mexicana.
La reforma impacta directamente las fracciones IV y XI del apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este cambio busca garantizar constitucionalmente dos días de descanso por cada cinco de trabajo, una demanda histórica de diversos sectores sociales y laborales que finalmente comienza a materializarse en el marco legal del país tras años de debate parlamentario.
No obstante, la implementación de esta nueva disposición no será inmediata ni abrupta. Durante su intervención en la tribuna, Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada de Morena, precisó que la reforma operará al 100% hasta el año 2030. Esta decisión de diferir la entrada en vigor total responde a una estrategia de transición ordenada que busca proteger la estabilidad económica y la operatividad de sectores críticos de la sociedad.
Bravo destacó que el esquema gradual tiene como objetivo primordial no obstaculizar el funcionamiento de servicios esenciales como hospitales y cuerpos policiales, así como evitar un impacto financiero inmanejable en la dinámica de los comercios y las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Según la legisladora, el consenso se logró escuchando a todos los actores económicos para asegurar que la productividad no se vea comprometida durante el ajuste.
El proceso legislativo sigue su curso dentro del Constituyente Permanente, donde se requiere el aval de la mayoría de las legislaturas locales para que la reforma constitucional sea declarada válida y posteriormente promulgada por el Ejecutivo. Con este paso, la Ciudad de México se suma a los estados que respaldan la modernización de las condiciones de trabajo en el país, priorizando el bienestar de los empleados y el equilibrio entre la vida personal y profesional.
