La violencia derivada de los añejos conflictos agrarios en el estado de Oaxaca ha escalado de manera alarmante en las últimas semanas. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) denunció recientemente que al menos 55 familias de la comunidad de Loma Santa Cruz han sido víctimas de desplazamiento forzado, tras la incursión de grupos armados y el uso de maquinaria pesada en tierras en disputa.

De acuerdo con los reportes detallados por la organización civil, la crisis se agravó significativamente a partir del pasado 18 de febrero de 2026. En esa fecha, un convoy integrado por al menos diez camionetas cargadas con personas armadas ingresó violentamente a la zona de conflicto, la cual se localiza en los límites territoriales entre los municipios de Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán Mixes. Los agresores no solo portaban armas de grueso calibre, sino que también utilizaron maquinaria pesada para abrir brechas y caminos de manera ilegal dentro de la zona de Loma Santa Cruz.

El clima de terror se intensificó cuando los civiles armados realizaron detonaciones directas hacia la población, lo que obligó a un primer grupo de 30 familias a abandonar sus hogares y pertenencias de manera inmediata. Estos desplazados buscaron refugio urgente en la población de Arroyo Cuchara, perteneciente al municipio de San Juan Guichicovi, ante el temor fundado de perder la vida en medio de las agresiones.

Ucizoni ha señalado que el saldo de este enfrentamiento, motivado por la histórica disputa territorial entre ambas comunidades, no se limita únicamente al abandono de los hogares. Los informes preliminares indican que existen personas lesionadas y, de manera más preocupante, ciudadanos de los que aún se desconoce su paradero, lo que eleva la gravedad de la situación humanitaria en la región del Istmo de Tehuantepec.

Este incidente pone de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en el sur de México frente a los conflictos territoriales que no han sido resueltos de fondo por las autoridades agrarias ni por el gobierno estatal. Hasta el momento, las familias desplazadas permanecen en condiciones precarias, mientras exigen la intervención inmediata del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Guardia Nacional para restablecer el orden, localizar a los desaparecidos y garantizar un retorno seguro a sus tierras bajo un esquema de paz social duradera.