Colombia se ha consolidado como el segundo país de América Latina con el mayor volumen de solicitudes de asilo en la Unión Europea, situándose en las estadísticas internacionales solo por debajo de Venezuela. Este fenómeno migratorio ha encendido las alertas en el Viejo Continente, motivando una reevaluación profunda sobre las condiciones de seguridad en la nación sudamericana y el estatus legal de sus ciudadanos en territorio europeo.
Recientemente, la Unión Europea ha comenzado a implementar una designación técnica con profundas implicaciones humanas: la clasificación de Colombia como un "país seguro". Para el lector mexicano, familiarizado con las dinámicas de desplazamiento forzado y migración hacia el norte, este término resulta crucial para entender el futuro de miles de personas. Designar a una nación como segura implica que, bajo la óptica de Bruselas, el Estado en cuestión posee instituciones democráticas funcionales y un sistema judicial capaz de proteger a sus habitantes sin que exista un riesgo generalizado de persecución o tortura.
Sin embargo, la realidad en el terreno parece matizar los informes oficiales. A pesar de los esfuerzos de paz y la estabilidad institucional en las grandes urbes, vastas zonas rurales colombianas continúan bajo el yugo de grupos armados, disidencias y estructuras ligadas al narcotráfico. Muchos colombianos que llegan a aeropuertos de Madrid, París o Berlín no lo hacen únicamente por motivos económicos —un motor migratorio que México comparte— sino huyendo de amenazas directas contra su integridad física.
El impacto de ser nombrado "país seguro" es inmediato y restrictivo. Bajo esta etiqueta, las solicitudes de asilo se tramitan mediante procedimientos acelerados. La presunción inicial es que el solicitante no corre peligro en su país de origen, lo que traslada la carga de la prueba totalmente al migrante, quien debe demostrar un riesgo extraordinario y personalizado para evitar una deportación rápida. En la práctica, esto ha resultado en un incremento drástico en la tasa de rechazos.
Este endurecimiento de las políticas europeas refleja una tendencia global de cierre de fronteras ante crisis migratorias persistentes. Mientras Colombia busca proyectar una imagen de estabilidad para atraer inversión y turismo, miles de sus ciudadanos siguen viendo en el exilio la única vía de supervivencia. La paradoja de ser un país seguro sobre el papel, pero expulsor de población por violencia, define hoy la compleja agenda diplomática entre Bogotá y la Unión Europea.
