A cinco años del asesinato de Samir Flores Soberanes, el proceso judicial que busca esclarecer su muerte y castigar a los culpables se encuentra en un estado crítico de estancamiento. Lo que debería ser un camino hacia la justicia para el activista y la comunidad de Amilcingo, se ha transformado en un laberinto de irregularidades técnicas y operativas que ponen en duda la eficacia de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Recientemente se anunció la reanudación de las etapas procesales; sin embargo, el panorama es desolador. De acuerdo con informes vinculados al caso, tres de los testigos fundamentales para sustentar la acusación ya no podrán rendir testimonio: han sido reportados como muertos o se encuentran desaparecidos. Esta pérdida de pruebas testimoniales debilita significativamente la estrategia de la fiscalía y deja un vacío probatorio difícil de llenar, lo que podría derivar en una sentencia que no satisfaga las demandas de verdad y justicia de la familia y los colectivos sociales.
Sumado a la cuestionable labor de investigación, el sistema judicial enfrenta limitaciones logísticas que entorpecen el avance de las audiencias. La carencia de salas disponibles para desahogar las diligencias ha provocado una saturación en la agenda de los tribunales. Aunque se tenía previsto que el juicio concluyera en el primer trimestre del año, las autoridades han advertido que el proceso podría extenderse mucho más allá del mes de marzo ante la incapacidad de programar las sesiones necesarias de manera continua.
Samir Flores, quien fuera una figura central en la oposición al Proyecto Integral Morelos y la operación de la termoeléctrica en Huexca, fue ultimado a las puertas de su domicilio en 2019. Desde entonces, el caso ha sido seguido de cerca por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes ven en este juicio un reflejo de la impunidad que impera en los ataques contra defensores ambientales en México.
La situación actual no solo evidencia una investigación deficiente desde su origen, sino también un aparato de justicia rebasado por la burocracia y la falta de recursos. Mientras el juicio continúa empantanado, la sombra de la injusticia se alarga sobre un caso que se ha vuelto emblemático para el activismo social en el centro del país. La resolución del tribunal ahora depende no solo de las pruebas restantes, sino de la voluntad política para agilizar un proceso que parece destinado al olvido institucional.
