En un esfuerzo por dignificar las condiciones de trabajo dentro del recinto legislativo de Donceles, el diputado local y coordinador de la asociación parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma Suárez, presentó una iniciativa de reforma que busca transformar profundamente la relación laboral entre el Congreso de la Ciudad de México y sus colaboradores. El proyecto tiene como objetivo central prohibir la contratación de personal bajo el esquema de honorarios, con el fin de otorgar certeza jurídica y prestaciones sociales a cientos de trabajadores.
La propuesta legislativa sugiere una modificación integral al Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México. De acuerdo con el planteamiento de Sesma, el pago de salarios, las prestaciones de ley y los pasivos laborales de todo el personal que labora en la institución deberán ser cubiertos directamente por el Congreso local a través de cada grupo o asociación parlamentaria. Con esta medida, se busca eliminar la figura de prestador de servicios profesionales para transitar hacia un esquema de seguridad social plena y reconocimiento formal de la relación de trabajo.
Desde la máxima tribuna de la capital, el legislador ecologista denunció la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente muchos empleados del órgano legislativo. Argumentó que, en la práctica cotidiana, este personal cumple con jornadas laborales estrictas, realiza actividades de carácter permanente y recibe instrucciones directas de sus superiores, desempeñando funciones que son indispensables para el funcionamiento de áreas específicas. Sin embargo, a pesar de cumplir con las obligaciones de cualquier trabajador, carecen de estabilidad laboral y de las prestaciones que recibe el personal conocido como “de estructura”.
En el contexto de la administración pública en México, la contratación por honorarios ha sido históricamente señalada como un mecanismo que puede encubrir relaciones laborales subordinadas sin otorgar derechos básicos como seguridad social, aguinaldo o vacaciones pagadas. La iniciativa de Sesma Suárez se alinea con las demandas de diversos sectores que exigen el fin de la simulación laboral en el servicio público, buscando que el propio Congreso sea el primer ejemplo de cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
El diputado enfatizó que la falta de estabilidad no solo afecta la economía de las familias de los trabajadores, sino que también impacta en la continuidad institucional del Congreso. La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, donde se espera que se discuta la viabilidad presupuestal para realizar este ajuste administrativo que busca poner fin a la disparidad laboral en el corazón del poder legislativo de la Ciudad de México.
