Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, anunció que presentará acciones de inconstitucionalidad contra cualquier reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum que vulnere el marco legal vigente. Esta medida busca bloquear de forma directa el avance del denominado plan B legislativo en la Cámara de Diputados para salvaguardar la autonomía de las instituciones encargadas de los procesos democráticos en el país. Moreno enfatizó que la defensa de la legalidad es prioritaria ante propuestas que, según su análisis, carecen de sustento constitucional y amenazan la equidad en las contiendas futuras.
El panorama legislativo actual presenta una polarización del cien por ciento respecto a la modificación de la estructura de votación y la fiscalización de partidos. Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Moreno calificó la posibilidad de una reforma impuesta como un golpe de Estado técnico, argumentando que cualquier ley secundaria debe estar estrictamente alineada con la Carta Magna. El PRI ya coordina esfuerzos con otras representaciones políticas para consolidar un frente jurídico que invalide decretos que reduzcan la transparencia o modifiquen las reglas de representación proporcional de manera arbitraria.
Esta disputa por la reforma electoral es crítica para México, ya que define las reglas de operación técnica y financiera para los próximos ciclos de votación federal. En un contexto regional, la estabilidad institucional mexicana es monitoreada de cerca por socios comerciales en España y Latinoamérica, donde la certeza jurídica electoral se vincula directamente con los índices de confianza para la inversión extranjera. Un quiebre en el andamiaje democrático mexicano podría generar un efecto dominó en la percepción de riesgo país dentro de los mercados emergentes de la región.
Sobre la iniciativa ciudadana denominada Salvemos la Democracia, Moreno adelantó que, a pesar de haber cumplido con los requisitos técnicos para ser dictaminada, no le augura un futuro político viable en el corto plazo. Las acciones legales del bloque opositor se formalizarán en el momento exacto en que el Ejecutivo Federal envíe el paquete de reformas al Congreso de la Unión. Este escenario marca el inicio de un periodo de litigio intenso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se determinará si el sistema electoral mantiene su estructura actual o sufre una transformación profunda en sus bases operativas.
