En un movimiento que ha encendido las alarmas entre los contribuyentes del Reino Unido, diversas autoridades locales en Inglaterra han puesto sobre la mesa propuestas para incrementar el impuesto municipal, conocido como "council tax", hasta en un 8.99% para el periodo fiscal 2026/27. Esta medida, reportada inicialmente por el diario británico Daily Mail, representa uno de los ajustes más agresivos en la carga tributaria local de los últimos años.

Para el lector en México, es fundamental entender que el "council tax" funciona de manera similar al impuesto predial, aunque con una estructura de recaudación y aplicación más amplia. Este pago anual es gestionado por los ayuntamientos o gobiernos locales y es la fuente principal de financiamiento para servicios públicos esenciales. Entre estos se incluyen la recolección de basura, el mantenimiento de luminarias y calles, los servicios de bibliotecas, así como el presupuesto para la policía local y el cuidado de sectores vulnerables como adultos mayores.

El incremento propuesto del 8.99% es particularmente significativo debido a que supera con creces los topes inflacionarios proyectados. Esta decisión surge como una respuesta directa a la crisis financiera que atraviesan múltiples municipios ingleses. Según el reporte, las autoridades locales enfrentan una brecha presupuestaria creciente debido al aumento en los costos de operación y a una demanda sin precedentes en los servicios de asistencia social, sumado a las reducciones en los subsidios otorgados por el gobierno central de Londres.

Expertos en economía internacional señalan que este golpe al bolsillo de los residentes ingleses llega en un momento de vulnerabilidad económica, donde el costo de la vida ha sido una de las principales preocupaciones políticas en la región. El alza obligará a miles de familias a reajustar sus presupuestos domésticos para absorber un gasto que, en algunos casos, podría significar cientos de libras adicionales al año.

La situación en Inglaterra pone de manifiesto un debate global sobre el financiamiento de los servicios públicos locales. Mientras los municipios buscan evitar la insolvencia técnica, los ciudadanos enfrentan una presión fiscal que amenaza con reducir su poder adquisitivo. Se espera que en los próximos meses estas propuestas sean sometidas a debates parlamentarios y consultas locales antes de su implementación definitiva para el ciclo 2026/27.