La discusión nacional sobre la posible reducción de la jornada laboral en México ha tomado un nuevo matiz tras las advertencias de diversos especialistas en materia económica y laboral. El debate, que gira en torno a la reforma para pasar de 48 a 40 horas de trabajo semanales, ha encendido las alarmas sobre el impacto que esta medida podría tener en la estructura formal del empleo en el país.

Analistas del sector advirtieron que uno de los mayores riesgos de esta transición es la posible migración de micro, pequeñas y medianas empresas hacia la informalidad. Según explican los expertos, el incremento en los costos operativos y la necesidad de contratar personal adicional para cubrir los turnos restantes podrían superar la capacidad financiera de muchos negocios, llevándolos a operar fuera del marco legal para garantizar su supervivencia económica.

Sin embargo, los especialistas también presentaron un contrapunto basado en la evidencia internacional. Al analizar los casos de otras naciones latinoamericanas como Chile y Colombia, que recientemente han implementado procesos de reducción de horas laborales, se observó que la generación de nuevos empleos no sufrió un impacto negativo. En estos países, la transición ha sido gradual, permitiendo que el mercado laboral se ajuste sin frenar la contratación de personal ni perjudicar la productividad de las organizaciones.

En el contexto mexicano, el desafío es particular debido a las altas tasas de informalidad que ya imperan en el mercado. Los analistas sugieren que, para evitar un éxodo hacia la economía subterránea, la reforma debería considerar un esquema de implementación flexible y acompañarse de incentivos que protejan a los empleadores más vulnerables. La clave, según indican, radica en encontrar un equilibrio que mejore la calidad de vida de los trabajadores sin asfixiar la competitividad de las empresas.

Finalmente, los expertos reiteran que, aunque la experiencia sudamericana ofrece un panorama optimista sobre la resiliencia del empleo, México debe observar cuidadosamente sus propias variables macroeconómicas. El éxito de la reforma dependerá de un diálogo constante entre el sector privado y las autoridades para asegurar que la búsqueda de justicia laboral no se traduzca en una pérdida de derechos sociales por el incremento de la informalidad.