El escenario político en España ha dado un giro inesperado tras las recientes declaraciones del líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo abre una nueva etapa en la discusión pública al demandar formalmente el regreso del rey emérito Juan Carlos I a territorio nacional. El titular del Partido Popular (PP) ha fundamentado esta petición al ligarla con la desclasificación de archivos históricos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como el 23-F.

Juan Carlos I, quien abdicó al trono en 2014, reside en Abu Dabi desde el año 2020. Su salida de España se produjo en un contexto de alta presión mediática y judicial tras revelarse presuntos cobros de comisiones millonarias en cuentas en el extranjero. Aunque las investigaciones judiciales en España fueron cerradas o archivadas, la figura del emérito sigue siendo un tema de profunda división social y política en la península ibérica.

Medios de relevancia internacional como 'ABC' y 'El País' destacan que Feijóo busca normalizar la situación del exmonarca. No obstante, la Casa del Rey ha sido enfática en señalar que, de concretarse un retorno, Juan Carlos I debería establecer su domicilio fiscal en España, lo que implicaría una regularización plena de sus obligaciones tributarias bajo la lupa de la Hacienda pública.

Desde el ala oficialista, la postura es crítica. El portal 'ElDiario.es' y sectores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han cuestionado la narrativa del PP, argumentando que el autoexilio del emérito no estuvo relacionado con el 23-F, sino con los escándalos financieros que empañaron el cierre de su reinado. Para México, este debate es de particular interés debido a la compleja relación diplomática actual con la monarquía española y los constantes llamados a la revisión histórica de los vínculos entre ambas naciones.

Por ahora, el gobierno de Pedro Sánchez mantiene una postura cautelosa, mientras la propuesta de Feijóo escala en la agenda mediática europea. La posibilidad de que el padre del actual Rey Felipe VI vuelva a residir en España permanece como un asunto en desarrollo que promete intensificar el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas de la corona.