Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad se registró la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportara una presunta amenaza de bomba. El incidente obligó al desalojo preventivo de aproximadamente 600 personas, entre empleados administrativos, abogados y ciudadanos que se encontraban realizando trámites en los juzgados de la colonia Doctores.
La alerta se originó tras una serie de llamadas anónimas recibidas en la 'Base Diana', el centro de mando de la demarcación, en las que se advertía sobre la presencia de supuestos artefactos explosivos en los inmuebles judiciales. Ante el riesgo potencial, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que se activaron de manera inmediata los protocolos de actuación coordinada entre la Dirección de Protección Civil y la Policía Auxiliar para garantizar la integridad de los presentes.
A través de sus canales oficiales, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) confirmó la evacuación de las sedes ubicadas en la zona, mientras que imágenes difundidas en redes sociales mostraron a decenas de personas congregadas en los puntos de reunión externos, a la espera de instrucciones oficiales. La zona, particularmente en el cruce de las calles Doctor Lavista y Doctor Rafael Lucio, fue acordonada para facilitar las labores de los cuerpos especializados.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó a efectivos del Agrupamiento Zorros, la unidad de élite especializada en el manejo de explosivos. Los especialistas, apoyados en ocasiones por binomios caninos, iniciaron una revisión meticulosa de cada piso y rincón de los edificios señalados para localizar cualquier objeto sospechoso que pudiera poner en peligro a la población.
Hasta el momento, las autoridades mantienen un cerco de seguridad en el perímetro y han solicitado a la ciudadanía evitar la zona para permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia. Este tipo de incidentes genera una afectación significativa en la administración de justicia, obligando a la suspensión temporal de audiencias y términos procesales. Las investigaciones para rastrear el origen de las llamadas de amenaza ya están en curso por parte de la policía cibernética y las autoridades ministeriales.
