Neil Gorsuch, ministro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ha lanzado una advertencia contundente que resuena con fuerza en el panorama político y económico actual: otorgar nuevos poderes a un presidente es una tarea sumamente sencilla, pero recuperarlos es casi imposible. Esta declaración pone de relieve una preocupación creciente sobre la expansión de las facultades presidenciales, especialmente en lo que respecta a la imposición de aranceles y la toma de decisiones unilaterales.
Para el lector en México, la figura de Neil Gorsuch es fundamental para entender el rumbo legal de nuestro principal socio comercial. Gorsuch, un juez de perfil conservador que fue nominado por Donald Trump, es reconocido por su defensa estricta de la división de poderes y el constitucionalismo originalista. Su reciente pronunciamiento sobre el comercio y la autoridad ejecutiva toca un punto sensible para la economía mexicana, que depende en gran medida de la estabilidad de las reglas comerciales con el país vecino.
El sistema político estadounidense fue diseñado bajo un esquema riguroso de contrapesos. Sin embargo, Gorsuch señala que cuando el Poder Legislativo delega su autoridad para que el presidente actúe sin supervisión —frecuentemente bajo la justificación de la «seguridad nacional»— se genera un precedente jurídico que erosiona la democracia. Esta centralización del poder permite que el mandatario en turno utilice los aranceles como una herramienta de presión política o económica de forma discrecional, sin necesidad de pasar por el consenso del Congreso.
En la historia reciente de la relación bilateral México-Estados Unidos, estas facultades ejecutivas han sido la fuente de constantes tensiones. El uso de secciones legales que permiten al presidente actuar de forma autónoma ha puesto en jaque a industrias clave en México, como la automotriz y la agrícola. La advertencia de Gorsuch sugiere que, independientemente del partido en el poder, la tendencia a acumular facultades en la oficina presidencial crea un desequilibrio difícil de corregir, afectando la certidumbre jurídica internacional.
Finalmente, el magistrado hace hincapié en que la facilidad con la que se ceden estas competencias contrasta dramáticamente con la complejidad política y burocrática necesaria para que el Poder Judicial o el Legislativo logren limitar de nuevo al Ejecutivo. La reflexión de Gorsuch no es solo un debate legal interno de los Estados Unidos, sino una señal de alerta para los mercados globales y los socios comerciales que dependen de la estabilidad institucional de Washington.
