En una acción legal sin precedentes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la dirección de la administración de Donald Trump, ha interpuesto demandas contra cinco estados del país —en su mayoría liderados por el Partido Republicano— con el fin de obtener acceso total y sin restricciones a las bases de datos de registro de votantes. Entre las entidades señaladas específicamente en los recursos legales se encuentran Utah, Oklahoma, Virginia Occidental y Kentucky.
El objetivo principal de esta maniobra legal es recolectar información detallada y sin testar (es decir, sin ediciones ni censura de datos sensibles) sobre los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Según los documentos presentados por el gobierno federal, esta búsqueda de información responde a la narrativa oficial sobre supuestas irregularidades en los procesos de votación. Sin embargo, diversos analistas señalan que estas acusaciones de fraude electoral sistémico carecen de sustento y no han sido respaldadas por pruebas sólidas hasta el momento.
Para el lector en México, es fundamental entender que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) funciona como el brazo ejecutor de las leyes federales y el principal organismo de defensa de los intereses del Estado. Aunque en teoría goza de independencia técnica, su liderazgo es designado directamente por el Ejecutivo. Esta serie de demandas representa una presión inusual sobre las autoridades locales de los estados, quienes en el sistema federal estadounidense son los encargados soberanos de gestionar sus propias elecciones y proteger la privacidad de sus habitantes.
La insistencia de la administración federal en obtener estos registros ha generado una ola de críticas entre especialistas legales y defensores de los derechos civiles en el país vecino. El argumento central de los opositores es que la entrega de bases de datos sin protecciones de privacidad vulnera los derechos de los ciudadanos y podría ser utilizada con fines de intimidación política. Además, recalcan que las agencias estatales ya cuentan con mecanismos de auditoría internos para garantizar la transparencia del voto sin necesidad de intervención externa.
Este movimiento se percibe como un esfuerzo estratégico por parte del equipo de Trump para validar sus constantes reclamos sobre la integridad de los comicios, en un ambiente de alta polarización política. Mientras el caso avanza en las cortes federales, los estados implicados deberán decidir si ceden ante las exigencias del Departamento de Justicia o si defienden la autonomía de sus sistemas electorales frente a lo que consideran una extralimitación del poder central en Washington.
