En el marco de la creciente tensión en Oriente Medio, una nueva controversia envuelve a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Tropas israelíes han sido acusadas de disparar contra Jad Jallah, un adolescente palestino, y posteriormente manipular la escena del crimen mediante la colocación de evidencia falsa mientras el menor agonizaba. Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado en el campo de refugiados de al-Far'a, ubicado en Cisjordania.
De acuerdo con los reportes surgidos de la zona de conflicto, Jallah fue alcanzado por fuego israelí durante una incursión militar. La denuncia, que ha cobrado relevancia en medios internacionales como el Daily Mail, sugiere que los soldados habrían "plantado" pruebas incriminatorias junto al cuerpo del joven mientras este se desangraba. Esta práctica, denunciada por activistas y testigos, buscaría justificar el uso de fuerza letal ante posibles revisiones internacionales o investigaciones internas.
Por su parte, el mando de las FDI ha rechazado categóricamente las acusaciones de manipulación. En un comunicado oficial, el ejército de Israel insistió en que el adolescente era un "terrorista que representaba una amenaza inmediata" para la integridad de los soldados desplegados en el operativo. Según la narrativa militar, el uso de las armas de fuego fue una medida de defensa necesaria ante una agresión inminente en un entorno de alta peligrosidad.
Para el lector en México, es importante precisar que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son el ejército unificado del Estado de Israel, y Cisjordania es un territorio palestino bajo ocupación militar donde los enfrentamientos se han intensificado drásticamente desde finales de 2023. El caso de Jad Jallah se suma a una serie de incidentes documentados por organizaciones de derechos humanos que cuestionan la transparencia de los operativos militares en zonas civiles.
El incidente resalta la profunda división de versiones que caracteriza al conflicto. Mientras que para la comunidad local se trata de un caso de abuso de poder y encubrimiento, para las autoridades israelíes es una acción legítima de combate al terrorismo. La falta de una investigación independiente en el lugar de los hechos continúa alimentando la desconfianza global sobre las tácticas empleadas en los campos de refugiados palestinos.

