El presidente Donald Trump prohibe oficialmente que las empresas contratistas del gobierno de Estados Unidos mantengan políticas internas contra el racismo y el sexismo. Esta medida, firmada mediante una orden ejecutiva este jueves, entrará en vigor en exactamente 30 días, transformando las reglas de operación para miles de proveedores federales y eliminando programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). La decisión responde a la visión del mandatario de que estas prácticas de capacitación son divisivas y van en contra de la meritocracia en el sector público y privado.

La administración republicana sostiene que estas iniciativas de diversidad marginan a profesionales estadounidenses calificados en favor de cuotas para minorías, según explican fuentes oficiales. Mientras el gobierno federal afirma que esto restaura la igualdad de oportunidades, diversas organizaciones civiles y sindicatos advierten que la orden es un retroceso directo en los derechos laborales conquistados. La Casa Blanca busca con esto desmantelar lo que denomina ideologías impuestas dentro de la fuerza de trabajo que recibe fondos de los contribuyentes, marcando una ofensiva total contra el activismo corporativo. (Lee también: Por qué la embajada rechaza las graves acusaciones de EU contra Sheinbaum.)

Para México y el resto de Latinoamérica, esta decisión es crítica debido a la enorme cantidad de empresas trasnacionales con sedes en la región que operan como contratistas de Washington. Si una compañía mexicana o española busca licitar contratos con el gobierno estadounidense, deberá ajustar sus manuales de recursos humanos y capacitaciones a estos nuevos estándares prohibitivos. Esto genera una incertidumbre legal inmediata para corporativos globales que intentan mantener estándares internacionales de inclusión frente a las nuevas restricciones en territorio norteamericano, afectando potencialmente a miles de empleados en sucursales externas. (Lee también: 3 razones por las que el juez de EU no retiró los cargos a Maduro y Flores.) (Lee también: Así es como el hecho de que EE.UU. gana panel afecta a la minería en México.)

Se espera que en los próximos días diversos grupos defensores de los derechos civiles presenten impugnaciones legales para frenar la implementación de la medida antes de que se cumpla el plazo establecido. Fuentes cercanas al Departamento de Trabajo indican que aún falta por confirmar la metodología exacta con la que se supervisará el cumplimiento de esta orden en empresas con operaciones complejas o fuera de Estados Unidos. La tensión entre las políticas de ética corporativa global y la normativa federal estadounidense promete escalar en las cortes de justicia durante el próximo mes.