La presidenta Claudia Sheinbaum presenta este martes la iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México. El documento oficial será enviado hoy mismo a la Cámara de Senadores para iniciar su proceso legislativo inmediato. La propuesta central busca que ningún funcionario electoral o público perciba un salario mayor al de la titular del Ejecutivo Federal.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, detalló que la reforma constitucional pretende reducir el número de regidurías en los municipios a un rango de entre 7 y 15 cargos. Además, se limitará a una sola sindicatura por ayuntamiento y se establecerá un tope presupuestal del 0.7 por ciento para el gasto de los Congresos estatales. Los ahorros derivados de estas medidas de austeridad se destinarán directamente a proyectos de infraestructura pública en las entidades federativas. (Lee también: 3 razones por las que el clima causa viento y daños en el norte.)
Respecto a la participación ciudadana, el proyecto estipula que la consulta de revocación de mandato se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2027 o 2028, dependiendo del periodo gubernamental. La mandataria aclaró que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no desaparece, aunque se modificará la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los cómputos inicien formalmente al recibir la primera urna en los centros de acopio. (Lee también: Por qué hallan cadáver en la banqueta y cómo esto expone la crisis actual.)
Este ajuste normativo es seguido con atención en México y el resto de Latinoamérica, donde la fiscalización del dinero en la política es un tema crítico para la estabilidad democrática. En España, analistas internacionales observan este movimiento como una consolidación del modelo de austeridad administrativa que podría influir en futuras reformas institucionales en la región. La reforma también faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para firmar convenios con el INE y vigilar las aportaciones de recursos a las campañas en tiempo real. (Lee también: Así es como este video maneja a contramano y termina en un fuerte choque.)
Finalmente, la iniciativa propone transparentar de forma obligatoria las remuneraciones de los dirigentes partidistas y eliminar bonos, seguros privados e ingresos adicionales para consejeros electorales. Con este paquete de cambios a siete artículos legales, el Gobierno de México busca centralizar el control del gasto político y garantizar que la participación social no dependa de presupuestos elevados, marcando una ruta clara hacia las elecciones intermedias de 2027.
