Autoridades investigan muerte de Roberto Castañeda Tejeda, director de Japami, tras un ataque armado registrado este jueves después de las 8:00 horas en el boulevard Gustavo Díaz Ordaz de Irapuato, Guanajuato. El funcionario fue interceptado frente a una tienda Soriana mientras se dirigía a sus oficinas en la zona centro de la ciudad. Elementos de seguridad confirmaron que el ingeniero falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala al interior de su camioneta color blanco por parte de sujetos que huyeron de inmediato.

El asesinato de Castañeda Tejeda, quien viajaba solo al momento del atentado, ha provocado un despliegue masivo de fuerzas policiales en la región Bajío. La alcaldesa Lorena Alfaro confirmó el deceso y describió al funcionario como un servidor público ejemplar, instruyendo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a colaborar estrechamente con la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables. Este crimen sacude la estructura administrativa local en un momento crítico para la gestión de servicios públicos en la entidad. (Lee también: 5 razones por las que refuerzan coordinación policial en San Andrés Cholula.)

Este suceso escala la crisis de seguridad que atraviesa el estado de Guanajuato, consolidándose como una de las zonas más complejas de México para el ejercicio de la función pública. La situación refleja un fenómeno recurrente en diversos puntos de Latinoamérica, donde la gestión de recursos estratégicos como el agua potable se ve envuelta en escenarios de violencia extrema, afectando la estabilidad institucional y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales. (Lee también: 5 datos clave sobre el operativo IMPI que sacudió las bodegas de Tepito.) (Lee también: 5 razones por las que la Marina pone en marcha operativos en el Pacífico.)

Actualmente, agentes de Investigación Criminal recolectan videos de las cámaras de vigilancia ubicadas en el sector del boulevard Díaz Ordaz para trazar la ruta de escape de los agresores. Aunque la presidenta municipal aseguró que no habrá impunidad, el móvil del ataque permanece bajo reserva y está pendiente de confirmar si existían amenazas previas contra el titular de la junta de agua. La fiscalía estatal mantiene abierta la carpeta de investigación mientras se refuerza la vigilancia en instalaciones gubernamentales de Irapuato.