El Congreso CDMX aprobó investigar formalmente a la alcaldía Cuauhtémoc tras el colapso de un edificio en Calzada San Antonio Abad 124 que resultó en el fallecimiento de tres personas. La Secretaría de la Contraloría de la capital ha recibido el mandato de auditar minuciosamente cada etapa administrativa, desde la evaluación técnica inicial hasta la supervisión directa de los trabajos de demolición que se realizaban en el predio ubicado en la zona centro de la ciudad.

La iniciativa, promovida por el legislador local Paulo García, exige claridad sobre cómo se otorgaron los permisos para intervenir un inmueble que arrastraba daños estructurales severos desde el terremoto de 2017. El objetivo central es determinar si existió negligencia o corrupción en los procesos de dictaminación que permitieron que la obra continuara sin las medidas de protección civil adecuadas para los trabajadores y transeúntes que circulan diariamente por esta arteria vial. (Lee también: Por qué activan doble alerta en la CDMX y cómo afectará tu rutina este jueves.)

Para la ciudadanía en México, este caso representa una señal de alerta sobre la vulnerabilidad de cientos de edificios que aún esperan intervención tras los sismos. En otros contextos regionales, como en España o el resto de Latinoamérica, este tipo de tragedias urbanas suelen desencadenar reformas legislativas que buscan limitar la discrecionalidad de los gobiernos locales en materia de seguridad edilicia y garantizar que los peritajes sean públicos y transparentes. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre la visita de Ariadna Montiel a Monterrey.)

Actualmente, la Contraloría tiene la facultad de intervenir directamente en los archivos de la demarcación para verificar si los peritos responsables y los supervisores de obra cumplieron con la normativa vigente. De encontrarse anomalías, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones administrativas que van desde la inhabilitación hasta denuncias penales ante la fiscalía local por omisión de funciones en el ejercicio de su cargo público. (Lee también: La iniciativa de esta diputada morena que los organizadores no quieren.)

El desenlace de esta investigación tendrá un impacto político significativo, ya que pone a prueba la capacidad de fiscalización de los diputados ante los gobiernos de las alcaldías. Este evento subraya la necesidad de una vigilancia más estricta en el sector de la construcción para garantizar que las obras de rehabilitación urbana no se conviertan en riesgos mortales para la población civil en una de las zonas más densamente pobladas de la capital.